Ataque a los trabajadores: la represión de la protesta social en la era Macri
El Observatorio del Derecho Social y la Asociación Liberpueblo publicaron un informe sobre la represión de la protesta durante los dos últimos años. Crecieron las detenciones y la apertura de causas penales contra manifestantes. ¿Quiénes recibieron más palo? Los trabajadores y las trabajadoras.
El Observatorio del Derecho Social y la Asociación Liberpueblo publicaron un informe sobre la represión de la protesta durante los últimos dos años. El mismo está basado en lo publicado por medios de comunicación y las denuncias de las organizaciones implicadas, por lo que estiman que pueda haber un importante subregistro de hechos. Sin embargo, la información allí vertida da cuenta de la existencia de “una práctica sistemática de respuesta a las protestas sociales que incluye la represión violenta de las manifestaciones, la detención de algunos de los participantes y la apertura de causas penales como mecanismo de control social”.
Los números
→ Entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se registraron un total de 309 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular (164 corresponden al 2016 y 145 al 2017).
→ El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (47% del total) seguidas por la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (28%) y la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (25%).
→ Se destaca una mayor concentración de estos hechos en la Patagonia (31%) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (25%).
→ Más del 54% de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales
(168 hechos), seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (71
hechos).
→ La mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se
dirigieron contra trabajadores (52% del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (28%) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (16%).
→ Se identificaron al menos 869 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 783 personas. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de acciones de protesta social, mayoritariamente impulsadas por sindicatos (40%) y organizaciones sociales (37%).
→ Se relevaron 79 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social. En total, ellas afectaron a 254 personas. Los destinatarios principales de estas causas fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios (el 74% del total), es decir, sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones.
Más allá de las cifras
Quienes realizaron el informe destacan que, más allá de los números, los casos de represión contra reclamos impulsados por comunidades de pueblos originarios “fueron los que presentaron una violencia de mayor intensidad, concluyendo con la muerte de Santiago Maldonado en el mes de agosto de 2017 y de Rafael Nahuel en el mes de noviembre de 2017. En ambos casos se trató de consecuencias directas de los operativos represivos impulsados por la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval respectivamente, que recibieron el respaldo explícito del Gobierno Nacional, sin que hasta el momento se haya conocido ningún tipo de sanción a los responsables de ambos hechos de represión”.
En cuanto a las causas penales abiertas contra dirigentes sindicales y sociales, el informe analiza que “es una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva”.
Además, aclara que no se incluyeron en el estudio las acciones civiles que se iniciaron contra organizaciones sindicales y remarca que en el último año se produjeron casos de multas millonarias impuestas por el Estado contra organizaciones sindicales en el marco de conflictos colectivos de trabajo.
“Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un 'delito', una 'amenaza para el orden legal', una 'violación a la ley', deslegitimando los reclamos”, explican en el informe.
Finalmente, en cuanto a las causas penales, quienes elaboraron el estudio advierten dos situaciones a tener en cuenta. Por un lado, en los últimos años hay una tendencia a agravar las imputaciones “utilizando figuras penales cada vez más graves que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. Estos tipos penales son funcionales al dictado de prisiones preventivas contra los manifestantes quienes de otra forma podrían gozar de su libertad durante el proceso penal”. Entre ellos se encuentran: causas por atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública. Esta última figura ha estado presente en casi todas las causas penales iniciadas recientemente.
Por otra parte, denuncian que “en los últimos hechos represivos ha sido manifiesta la obstaculización a los abogados defensores de derechos humanos para identificar a los detenidos en Comisarías y destacamentos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la detención, provocando la necesidad de interponer habeas corpus para determinar su lugar de detención y el pedido de intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”.
* Equipo de Comunicación ATE Rosario
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