Asociación Trabajadores del Estado

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CUS: La nomenclatura del engaño

El viernes pasado se desarrolló un importante plenario de trabajadores y trabajadoras de la salud pública, tanto municipal como provincial y nacional, de ATE Rosario. De la reunión también participó Daniel Godoy, coordinador del Área de Salud del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, (IDEP-Salud) de ATE Argentina.

Su visita tuvo como objetivo principal la difusión de la campaña nacional que el gremio está desarrollando contra la denominada Cobertura Universal de Salud (CUS) que intenta imponer el macrismo. “La nomenclatura del engaño”, fue como definió al rimbombante nombre que el gobierno nacional le puso a este plan para privatizar y recortar el derecho a la salud de toda la población. Además, informó sobre los principales trabajos que el IDEP-Salud desarrolló durante un año “muy prolífico”.

¿Cómo fue el trabajo del IDEP-Salud durante el 2016?
Desde el Instituto venimos cerrando un año muy prolífico en términos de acciones, actividades y procesos vinculados con la nueva etapa institucional del gremio a nivel nacional, donde se produjeron iniciativas vinculadas con profundizar la identidad de este gremio en relación a la producción de conocimiento, la formación y la problematización del modelo de Estado. El gremio, desde hace mucho tiempo, materializado en lo que es la creación del IDEP, ha planteado un complemento de las prácticas gremiales más tradicionales con la problematización del entorno en el que se desarrollan las acciones particulares de cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, que tiene que ver con el modelo de Estado, las políticas públicas, etc. A partir de la nueva gestión del gremio se decidió profundizar esta identidad y se ha fortalecido todo lo que son las acciones del IDEP: eventos para problematizar el rol del Estado, la nueva etapa política nacional y regional, las nuevas prácticas del capitalismo, la pseudo modernización del Estado, la oleada de reforma del Estado que estamos viviendo, y todo lo que son los procesos formativos, en particular en salud, con procesos de investigación, formación y producción de conocimientos.
Esto en un momento donde Macri inaugura su gestión con una gestualidad muy clara en deterioro de algunos sectores y favoreciendo a otros y donde los trabajadores del Estado y el mismo Estado está siendo francamente agredido, con vaciamiento de áreas estratégicas, despidos de compañeros y compañeras a nivel nacional, provincial y municipal y con la desestructuración de algunos logros colectivos, como la ley de salud mental, los avances en derechos reproductivos, el debate sobre la despenalización del aborto, la producción pública de medicamentos. Buena parte de la agenda popular que se había consagrado a partir de movimientos populares y procesos colectivos es lo que Macri se está encargando de desestructurar.

En ese marco, lanzaron una importante campaña nacional. ¿De qué se trata el “No a la CUS”?
La Cobertura Universal de Salud (CUS) es una aceleración de una reforma que en la Argentina y la región empezó hace muchos años, en los '90, en los documentos del Banco Mundial, que tenía que ver con la reforma de los sistemas de salud. En algunos países se dio con más fuerza y severidad que en otros, pero todos reconocen una misma matriz, que tiene que ver con un vaciamiento del Estado de sus funciones tradicionales, por un lado. Por otro, con una mercantilización de la salud que permite una transferencia de asignaciones públicas al sector privado, que se conoce como modelo de aseguramiento, que implica que el Estado termina siendo un pagador de servicios y que la gente puedo comprar ese servicio tanto en el sector público como en el privado, vinculado con la ley de la oferta y la demanda. Por otra parte, se vincula el concepto de seguro como uno clásicamente lo conoce con el tema de los autos, donde vos tenés una canasta de servicios, dentro de la que tenés determinadas prestaciones reconocidas, pero fuera de ellas tenés que recurrir a otros ámbitos o a tu propio bolsillo para pagarlas. El esquema de aseguramiento prevee dos implicancias inmediatas: por un lado, una restricción del derecho a la salud, porque algunas prestaciones no estarían garantizadas en esa canasta básica; y un incremento de los gastos de la gente, porque si ya te gastaste las radiografías que reconoce el seguro tenés que ir a pagarlas. Y por otro lado hay una transferencias al sector privado de los fondos públicos.
El sistema de aseguramiento empezó en la época de Menem, donde se montaron sus bases, con el Plan Médico Obligatorio (PMO), con la desregulación de las obras sociales, con el hospital de autogestión, que ningún otro gobierno lo desmontó desde entonces y que permite ahora avanzar sobre esas bases.

¿Qué consecuencias tiene la CUS sobre los trabajadores y sus derechos?
Tiene una implicancia directa sobre los trabajadores del sector. Por un lado, si la gente puede acceder a las prestaciones, tanto en el sector público como en el privado, con todo el proceso de descrédito de lo público, puede pasar que la gente vaya al sanatorio en lugar de ir al hospital, generando cierto vaciamiento de los hospitales, lo que podría redundar en “sobrante de personal” y, con la precarización laboral que hay, se podría proceder a recortar planteles. Y por otro lado, porque el esquema de aseguramiento prevé nuevas formas de retribución salarial como pagos por cápita, pagos por rendimiento, por seguimiento de pacientes, formas no tradicionales de retribución salarial. La CUS es casi como un caballo de Troya, que sobre el supuesto de universalizar prestaciones y derechos esconde una fuerte mercantilización de derechos garantizados por la Constitución, como es el derecho a la salud, una transferencia formidable de recursos del sector público al privado y un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.

Con lo cual habría un doble riesgo: no sólo para el trabajador público que se ve implicado en la privatización, sino que aquella gente que no tiene un empleo formal, que no tiene obra social, se encuentra con un sistema de salud pública vacío...
Esto parte de algunas falacias. Primero que está planteado para la gente que no tiene una cobertura y se habla de un seguro, como si hubiera que asegurar a alguien que está inseguro. Esto significa la falacia de que no está garantizado el derecho a la salud, que tiene rango constitucional. Segundo, prevé el concepto de que lo público es el lugar de atención de los pobres, y en realidad lo público da cuenta de buena parte de la atención de la población. El 70% de los partos en el país se producen en el sector público, la emergentología y la atención de los accidentes de tránsito, tienen que ver con el sector público.
Esconde también una cuestión ya usada en lo que fue el vaciamiento de las empresas del Estado en los '90, que es el desarrollo del descrédito de lo publico, con una desconfianza de la gente hacia lo público, porque están hechos bolsa los edificios, porque tenés que hacer mucha cola, porque no accedés a los turnos. Hay todo un descrédito programado para que la gente crea que ir al sanatorio es igual o mejor que ir al hospital.
Por otro lado, el tema de la transferencia a las provincias y municipios de la responsabilidad de la salud, es parte de la ingeniería neoliberal de la transferencia a los territorios, con el corrimiento de las obligaciones del nivel central, con la crisis fiscal y financiera de los municipios y provincias, con escenarios de desfinanciamiento y menos gastos asignados al área de salud.
Así, la canasta y la cobertura son dos variables a la baja en el esquema de aseguramiento.

¿Ya hay antecedentes de un sistema como este?
Se han dado formas parciales de ese esquema de aseguramiento, hay provincias que avanzaron con seguros provinciales, como Río Negro, Córdoba y Salta. Hubo privatizaciones parciales dentro de los hospitales, con la tercerización de servicios. Y ahora con el macrismo encuentran una oportunidad de avanzar con esas reformas. Están proponiendo nacionalizar ese esquema y que las provincias adhieran a la CUS, con lo cual se les transferirían los recursos para la población “no cubierta”, es decir, la que no tiene obra social, con un valor capitado y con un ente administrador, para que la gente pueda comprar sus prestaciones, tanto en el sector público como en el privado.

¿Cómo es la campaña que están impulsando desde ATE Argentina?
En los '90, cuando se dio la principal contrarreforma del sector salud, fue casi sin conflicto social porque no había fuerza organizada para oponerse y se le llamó la reforma silenciosa. Ahora aparece el anuncio de Macri y de (el Ministro de Salud de la Nación, Jorge) Lemus de la CUS y hay como un silenciamiento de las fuerzas populares y una especie de parálisis frente a un hecho de tanta severidad. Nosotros tuvimos una iniciativa política de salir con una campaña nacional para informar, sensibilizar y advertir que esto es de un riesgo muy severo para la noción de Estado que defendemos, para la organización y el rol que concebimos del Estado y para la gente y los trabajadores. Estamos con una campaña nacional recorriendo el país con un conjunto de documentos explicativos, videos, haciendo reuniones de trabajo para advertir que esto es una aceleración de la privatización y mercantilización del derecho a la salud.

¿Sólo desde ATE se impulsa esta campaña?
ATE es el gremio que con más severidad se ha parado frente a la agresión del gobierno de Macri con los despidos, con el vaciamiento del Estado, con la desestructuración de áreas críticas del Estado. Somos el gremio que se ha puesto de pie con una cantidad importante de paros generales y nacionales, con una masa de compañeros muy importante haciendo marchas y movilizaciones. Pero creemos que, como en todo conflicto de estas características, con un gremio no alcanza. Hay que seguir fortaleciendo el concepto de central de trabajadores, de unidad de la clase trabajadora y el movimiento sindical argentino. Hay que propiciar nuevas formas de amalgama con el campo popular, que está en crisis y su representación más cabal es la llegada de Macri al gobierno a través del voto popular. Estamos en un nuevo momento político en Argentina, que significa este tipo de claridades y voluntades para imaginar y posibilitar una nueva correlación de fuerzas en la Argentina que se viene, en un momento en que el capitalismo está acelerando nuevos instrumentos para volver a instalarse en los escenarios político institucionales. Hay un cambio de inercia en la región, con formas más o menos duras de llegada de los sectores dominantes al gobierno, golpes blandos como el de Dilma o el de Lugo en Paraguay; procesos más conflictivos como en Venezuela, o llegadas institucionales como en Argentina. Hay un cambio del escenario político que tiene que ver con la recomposición de las fuerzas dominantes y el campo popular tiene que dar cuenta de este nuevo escenario y encontrar nuevas ingenierías para cambiar la correlación de fuerzas en este momento del país y de la región.

* Equipo de Comunicación ATE Rosario