Nuevo régimen previsional: ¿Reparación histórica?
El próximo miércoles se realizará la charla debate “Nuevo régimen previsional: ¿reparación histórica?”, a las 16.00, en ATE Rosario, San Lorenzo 1879. Participarán referentes y especialistas en el tema que pondrán luz sobre la recientemente aprobada modificación del régimen de jubilaciones y pensiones. Una cita obligada para los jubilados de hoy y los de mañana.
“Nuevo régimen previsional: ¿Reparación histórica?” es el título de la charla debate que se realizará el próximo miércoles 14 de septiembre desde las 16.00 en la sede de ATE Rosario, San Lorenzo 1879. El centro de la actividad será la Ley 27.260, aprobada en junio pasado que establece la “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, estableciendo acuerdos transaccionales entre el Estado y los jubilados; y una “armonización de los sistemas previsionales provinciales” que podría poner en riesgo la movilidad jubilatoria conseguida en las cajas de las provincias que no fueron transferidas al sistema nacional.
El panel estará conformado por Horacio Fernández, Director del Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP-ATE); Graciela Iturraspe, trabajadora de Anses y Diputada Nacional (Mandato Vencido) por la Unidad Popular (UP); y Horacio González, abogado constitucionalista, especialista en previsión social y asesor del Centro de Jubilados nacional de ATE.
Para el abogado, una de las principales preocupaciones que genera la nueva ley que el gobierno llama de “Reparación Histórica” de los jubilados y pensionados, es que establece la “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, dada la cantidad de juicios por reajustes jubilatorios contra el Estado. Para afrontarla, lo que la legislación propone son “acuerdos transaccionales” entre los pasivos y el Estado. “La transacción implica no que el Estado reconozca un derecho sino que el jubilado o pensionado acepte recibir menos de lo que tiene derecho a percibir. En promedio van a cobrar un 40% menos de lo que corresponde por retroactivo”, afirmó González.
Otro punto destacado es el que estaría poniendo en jaque a las cajas previsionales provinciales y, por ende, a la movilidad jubilatoria que habían alcanzado. Para González, hay varios temas enlazados: “en mayo se hicieron acuerdos con las provincias para restituir el 15% de la coparticipación federal para el financiamiento del Anses, paulatinamente durante 5 años. Esto impacta en el sistema de financiamiento de la seguridad social a nivel nacional. Estos acuerdos están vinculados con otro capítulo de la nueva ley, que es la llamada 'armonización de los sistemas previsionales'. Se prevé que las provincias podrán solicitar préstamos al estado nacional, solventados por el fondo de garantías de sustentabilidad del Anses para afrontar sus déficits. Pero simultáneamente se establece un plazo de 120 días para la armonización de los sistemas provinciales, para terminar con las asimetrías y poner en condiciones de igualdad a todas las provincias. Lo que significa que el estado nacional va a exigir modificaciones sobre las legislaciones previsionales provinciales, particularmente en aquellas cajas no transferidas y que tienen formas de acceso al beneficio jubilatorio (condiciones de edad, años de servicios y cálculo del haber jubilatorio) que no se adecuan al sistema nacional”.
Un detalle no menor es que la mayoría de esas cajas provinciales que no han sido transferidas han mantenido jubilaciones vinculadas al salario, estableciendo una fórmula de cálculo del haber jubilatorio que en algunos casos alcanzaba el 82%, pero que en general sigue los lineamientos de la Corte sobre la proporcionalidad del haber jubilatorio con el salario en actividad. Ahí es donde se vuelve claro que este tema afecta tanto a los actuales jubilados como a los trabajadores activos, ya que se verán afectadas las futuras jubilaciones. “La seguridad social nacional fue desmantelada en la década del '90 pero no fue modificado sustancialmente hasta la actualidad. Subsiste la idea de un régimen contributivo y no uno de movilidad jubilatoria en la que se garantice una prestación vinculada con el salario del trabajador. Es fundamental mantener la vinculación de los sistemas de seguridad social con el trabajo y con el salario, porque la seguridad social es producto del conflicto, de la lucha de los trabajadores, y no una concesión graciosa del Estado”, aseguró González.
* Equipo de Comunicación ATE Rosario
