Trabajadores de DPJPJ denuncian la alarmante situación que atraviesan
ATE Rosario y el cuerpo de delegados/as de la Dirección Provincial de Justica Penal Juvenil alertan la grave realidad que atraviesan las y los jóvenes que son contemplados en su órbita y la situación de las/los trabajadoras/as que desarrollamos tareas allí. A continuación el comunicado completo.
La Asociación de Trabajadores del Estado ATE Seccional Rosario y el cuerpo de delegados y delegadas de la Dirección Provincial de Justica Penal Juvenil denunciamos la alarmante situación que atraviesan las y los jóvenes que son contemplados en su órbita y la situación de las/los trabajadoras/as que desarrollamos tareas allí.
La situación padecida por un joven alojado en IRAR y que tomó estado público es síntoma de un panorama que venimos denunciando sistemáticamente, partiendo de una premisa: la situación de las/los jóvenes que son abordadas en esta agencia estatal y las condiciones laborales de quienes trabajamos allí, son recíprocamente determinadas.
Ante la indiferencia de las autoridades de este Ministerio, queremos difundir los reclamos sostenidos y no resueltos:
1. Dada la falta de planificación de los abordajes institucionales, nuestras intervenciones quedan libradas al voluntarismo y lo “artesanal”, a esquemas de trabajo basados en la urgencia, en lo administrativo –burocrático o en la improvisación.
2. Denunciamos el vaciamiento (simbólico y material) de las instituciones Socieductivas como el Hogar Granja Casa Joven y el Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas Alvear, también el Centro de día Casa del Adolescente, destinadas a morigerar las medidas de encierro para los/las pibes/as.
Con esto se pone de manifiesto una clara direccionalidad de reforzar las políticas de encierro. Lo mismo sucede con el dispositivo de Libertad Asistida que, al igual que las demás instituciones, padece de la degradación de las condiciones de higiene y seguridad edilicia.
Alarmante es la situación de la División de Asuntos Juveniles Femeninos, presentado como un dispositivo de encierro “transitorio”, cuando en realidad las jóvenes transitan allí meses a cargo de personal policial, permaneciendo la mayor parte del día en la “habitación” donde además duermen siendo los recursos materiales necesarios para el abordaje de las situaciones de las pibas como así también el personal civil asignado sumamente escaso. El deterioro edilicio, como la calidad de la comida que reciben también caracteriza este panorama de desidia.
3. Se han presentado sistemáticamente en todos los dispositivos de alojamiento de la Dirección situaciones que expusieron a los/las jóvenes y trabajadores/as a riesgo de vulnerar sus condiciones de integridad psicofísica. El gobierno provincial por un lado declama políticas públicas que garanticen la accesibilidad a derechos de estos jóvenes, pero deja librado su sostenimiento a la degradación de las condiciones laborales de las/los trabajadoras/es.
La indiferencia frente a los puntos planteados, así como los numerosos reclamos gremiales tales como: reconocimiento de horas trabajadas para personal que desempaña tareas en instituciones de alojamiento, falta de personal de áreas profesional, administrativa, de cocina, de limpieza (tareas absorbidas por personal asignado a otras funciones), problemas de infraestructura, falta de insumos, y la exigencia histórica de la implementación de la Ley 12913 (Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo) determina la progresión de las medidas de fuerza a la que nos vemos llevados, dificultando aún más nuestro trabajo con los pibes. Históricamente hemos venido exigiendo condiciones para la implementación de lógicas de trabajo tendientes a restituir derechos a las/los jóvenes y a jerarquizar el trabajo de compañeros/as de los diferentes dispositivos de la Dirección.
En este marco además, continuamos denunciando las políticas represivas implementadas por los gobiernos (Provincial y Nacional) e insistimos en reclamar la apertura de la discusión seria en relación a las políticas de Justicia Penal Juvenil. Participamos, en este sentido, en la conformación de la Mesa local que se pronuncia por el “No a la Baja de la edad de punibilidad” y de todas las iniciativas que reclaman condiciones laborales dignas para las/los trabajadoras/es que llevan a cabo las políticas públicas destinadas a la juventud, denunciando su precariedad así como su direccionalidad hacia la creciente criminalización de las y los jóvenes y niños/as de sectores populares.
Siguiendo con esta perspectiva, impulsamos y acompañamos toda iniciativa de denuncia de las condiciones de tránsito de las/los jóvenes por las instituciones de esta Dirección, y nos atenemos al Art. 30 de la Ley Nacional N° 26061 y Art. 27 de Ley Provincial N° 12967: “DEBER DE COMUNICAR”, pero como delegados/as de las/los compañeras/os de esta Dirección, padeciendo también las realidades que atravesamos como trabajadores, no toleraremos la traslación de responsabilidades a ningún compañero/a sustentadas en el desconocimiento de las reales condiciones de trabajo.
La alarmante situación que atraviesan las/los jóvenes y las/los trabajadoras/es exige intervenciones pertinentes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, a la Defensoría de Niñas Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe y a los Juzgados de Menores intervinientes. Agencias estatales encargadas del contralor de la real implementación de políticas destinadas a los jóvenes, que no deben ser guiadas más que por el pretendido “interés superior del niño”.
*Equipo de Comunicación ATE Rosario.
