IAPOS: un “plus” contra el derecho a la salud
En la obra social de las y los estatales provinciales y municipales –activos y jubilados-, realizarse un simple electrocardiograma puede costar alrededor de $8000. Las subas de los coseguros dificultan cada vez más el acceso a las prestaciones, a las que se suman los cobros ilegales que IAPOS no controla ni destierra.
El aumento sostenido de los costos para acceder a prácticas médicas, sacudió nuevamente a las y los afiliados iniciando el 2024. A partir del 1º de enero, los coseguros se dispararon: la orden de consulta a $650, el bono asistencial (o tramo) a $130, y la orden de internación a $2600. Si se comparan esos valores con los de octubre de 2022, las órdenes aumentaron un 176,3%; los bonos asistenciales o tramos un 160%; y las órdenes de internación un 176,6%.
Además, por cada especialista y de manera totalmente irregular, quienes tienen IAPOS deben desembolsar $4000 por consultas profesional. Prestadores del grupo Gamma y Grupo Oroño, estarían cobrando estas sumas bajo el nombre de “BONO VALORACIÓN PROFESIONAL”. Al ser planteado a la obra social, se responde que es responsabilidad de las y los pacientes denunciarlo, pero la realidad de esta práctica extendida y cotidiana requiere una política clara de resolución por parte –e iniciativa- de las autoridades.
Con aumentos de sueldo evaporados por la devaluación y el subidón del costo de vida, sólo un electrocardiograma puede representar hoy a un estatal con salario promedio, el 3% de sus haberes.
“Primero está la salud, que no se compra ni se vende. El gobierno debe garantizarla con calidad, control de los prestadores, auditorias, e instrumentar los cambios necesarios para desterrar estas prácticas que, aunque cotidianas, son ilegales”, expresaron desde ATE Rosario. El sindicato presentará en los próximos días los reclamos formales pertinentes, con pedido urgente de audiencia.
Equipo de Comunicación ATE Rosario
