Previsión Social: qué se viene después de octubre
El gobierno impulsa el incremento en la edad jubilatoria y presiona a los gobernadores para que apuren la armonización de las cajas provinciales
Las elecciones generales de octubre marcarán un antes y un después en la composición de bancas (y bloques políticos) de la próxima cámara de diputados. También marcarán un antes y un después en el ámbito de la previsión social.
El anuncio que hiciera previo a las PASO Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, respecto a la “posibilidad” (viniendo de este gobierno debería leerse “seguridad”) del envío de una ley al Parlamento para que se estudie una futura reforma en la edad jubilatoria pone el sistema en alerta.
El gobierno nacional, a través Basavilbaso, sostiene que así como se plantea el actual sistema previsional es inviable. Esta apuesta deslizada como al pasar (otro prueba ensayo- error al que nos han acostumbrado), será anunciar un incremento en la edad jubilatoria que para los hombres pasará de los 65 a los 67 años y en las mujeres de 60 a 62. Aunque se trató de aclarar que estos cambios en la edad jubilatoria serán “voluntarios”, el funcionario del ANSES omite decir que quiénes no adhieran a la suba de la edad también cambiará el porcentaje de lo que vaya a cobrarse. Lo que es decir en la jerga futbolera con la reformulación jubilatoria el gobierno va a correr el arco.
El reciente simulacro electoral en las PASO sin dudas preanuncia que el gobierno subirá la cantidad de legisladores, y por ende le ofrece mejores condiciones para negociar con otras minorías las posibles modificaciones del sistema previsional.
Armonización del sistema previsional
Las Cajas de Jubilaciones provinciales es el otro botín al que se apunta desde Nación. El año pasado cuando quedó aprobado el llamado proceso de reparación histórica, la administración de Mauricio Macri se aseguró el comienzo del proceso de armonización de las cajas provinciales con el ANSES, que deberá culminar en el año 2019. Pese a la rebeldía mostrada por algunas administraciones provinciales que se niegan al traspaso de sus cajas, sino hay un cambio político profundo, la ley entrará en vigencia.
También hay otras provincias que adelantaron a los tiempos y ya produjeron modificaciones en su sistema previsional. Se trata de Córdoba, Formosa y Tierra del Fuego. Pese a la resistencia ejercida por distintas organizaciones de trabajadores las Legislaturas provinciales se encargaron de dar legalidad a las modificaciones. Por caso en Tierra del Fuego, por más de dos meses la ATE y otros gremios mantuvieron una fuerte oposición al proyecto. Sin embargo la Legislatura, con muy pocas voces en contra, aprobó este proyecto que perjudica de manera notoria a los trabajadores. Pero otro hecho igualmente grave en este episodio fue la intervención realizada por la Justicia en favor del poder dominante, episodio que culminó con el procesamiento de numerosos dirigentes gremiales. Acaso haya sido la forma en que el poder se expresó para decir cuál será la suerte de quiénes se les opongan.
En el caso de Formosa el gobernador Gildo Insfrán utilizando la abrumadora mayoría con que cuenta en la Legislatura cambio de un plumazo la edad jubilatoria en hombres (de 61 a 65 años) y mujeres (de 58 a 60 años) y recortó los beneficios en más de 10 puntos.
Con la armonizando de las cajas los jubilados provinciales perderían casi todos los beneficios que oportunamente acordara sus Legislaturas, por lo que si los gobiernos finalmente acordaran silenciosamente el traspaso con Nación quedaría el camino liberado para todas definiciones posteriores que impulse el gobierno nacional en materia previsional.
Los puntos de la discordia en la armonización tienen que ver con igualar las condiciones jubilatorias en todo el país en (si no se modifica) 30 años de aportes, cálculo de haberes y porcentajes de los aportes personales y de las propias patronales.
Como ejemplo vale volver al caso de Córdoba donde el gobernador Juan Schiaretti recortó los haberes del sector pasivo, reduciendo el 82% que cobraban los jubilados provinciales a un porcentaje cercano al 73%. Para llevar este proceso adelante retomó los cálculos jubilatorios de la emergencia que el ex gobernador Ramón Mestre implementó en los años ’90.
Un dato aún “invisible” para los que no conocen en profundidad la ley de reparación histórica es que a partir del año 2019 se acaba la moratoria que permitía a la gente jubilarse si tener todos los años de aportes (y que iban cancelando con el cobro mensual de su jubilación). La nueva disposición señala que aquellos que no posean los 30 años de aportes (hombres y mujeres por igual) deberán poseer más de 65 años para acceder al cobro de una jubilación, que en esos casos ni siquiera llegará a alcanzar el 80% de la jubilación mínima.
El financiamiento del ajuste
Para la etapa que se arranca después de las legislativas de octubre el gobierno tiene decidido un nuevo ajuste sobre las cuentas públicas. Aunque ideológicamente el paso más cercano para Macri sería retomar al sistema de jubilación privada, la opción elegida será extender, indistintamente, 2 años la edad jubilatoria.
Aunque la continuidad de sistema público de reparto es la única opción aceptable en nuestra sociedad, la trampa que esconde el proyecto gubernamental es llamar “voluntario” el agregado de años para poder acceder a un monto jubilatorio mejor. O sea que el sistema de “capitalización” aparece encubierto en las necesidades de nuestra gente.
Extender la edad laboral en forma voluntaria de alguna manera también es crear, si se quiere, un sistema de capitalización porque a mayor cantidad de aportes mejor será la remuneración tras el retiro de la vida activa.
Entonces el ajuste del sistema previsional va atado a dos patas: a la mayor recaudación del sistema por la extensión obligatoria de otros 2 años de aportes y a la voluntaria de la persona que aspira a una jubilación superior y al recorte de las prestaciones con la armonización de las cajas provinciales.
Sin embargo hay otras formas de financiar el déficit de las cuentas públicas. Una sería financiarse a través de impuestos a “la timba financiera” o restituir los gravámenes quitados recientemente al agro, pero sabiendo que se está para proteger a los bolsillos amigos, forzosamente el aporte vendrá de las capas medias y bajas de nuestra sociedad.
Otro hecho que da lugar al desfinanciamiento de la Previsión Social se relaciona con la caída continua del número de trabajadores aportantes, generada por el escaso interés del gobierno de corregir la informalidad laboral, que en nuestro país supera el 35% de la fuerza de trabajo.
Mucho de este porcentaje son directa responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos municipales y provinciales. Según lo estimado por ATE entre estos 3 estados tienen a más de 600.000 trabajadores cumpliendo tareas en forma precarizada.
De esto que se afirma un ejemplo es La Pampa. Los jubilados provinciales reclaman el recálculo de los haberes para todos aquellos que quedaron atrapados en el período de emergencia económica de 1996 al 2010. Mientras el gobierno señala la imposibilidad de hacer frente a esta deuda, los gremios provinciales, con incuestionable certeza han hecho observar que si el gobierno provincial blanqueara a todos los trabajadores que mantiene en condiciones precarizadas el sistema previsional tendría fondos, no sólo para pagar esas deudas sino también para volver a tener financiación. La perversidad del gobierno provincial es agitar ante su ciudadanía que si se lo obliga a pagar el camino que le sigue es “armonizar la caja”. Parece entonces decir que la Caja sólo puede defenderse adeudando a los jubilados y negreando las condiciones de trabajo al trabajador estatal.
No debe olvidarse que en el ajuste macrista aún persiste el anuncio, y luego marcha atrás, con la quita de pensiones (aunque muchas no han sido restablecidas). También están el aumento de las jubilaciones, en la que deben computarse los 13 puntos, que calculó ATE, perdieron los salarios el último año, más la quita realizada en el beneficio de los medicamentos.
Prensa ATE
