Andrés Ibarra, el Estado no es una empresa privada
ATE Rosario rechaza una nueva medida tomada de forma unilateral por el Gobierno Nacional que apunta a ajustar sobre quienes sostenemos las políticas del Estado, desviando la atención de la discusión urgente que tenemos: la de la paritaria salarial y de condiciones laborales.
En una nueva medida que se inscribe en el marco del ajuste y la persecución a los trabajadores y las trabajadoras del Estado, el gobierno nacional, a través del Ministro de Modernización Andrés Ibarra, dio a conocer un plan mediante el cual pretenden capacitar a los empleados públicos, que incluye premios y castigos en base a evaluaciones realizadas por el propio gobierno.
Desde el 2006, cuando se puso en marcha el convenio colectivo sectorial de los trabajadores de la administración pública nacional, los gobiernos han tomado decisiones de forma unilateral, tratando a los trabajadores como convidados de piedra. El gobierno de Mauricio Macri, en particular, viene haciéndolo con una impronta ajustadora que se inició con los despidos masivos, que no modificó la situación de miles de trabajadores precarizados y que intenta impedir la discusión salarial con anuncios de estas características. Esta nueva medida, sigue al Decreto Administrativo Nº 12, que congeló los ingresos al Estado y que también fue resuelta de manera absolutamente inconsulta.
Tal como aseguró el Secretario General de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, “ninguna modificación de las condiciones salariales y laborales podrá concretarse si no es en el marco de la discusión paritaria, y no vamos a permitir ni discriminaciones, ni aplicaciones de criterios de ajuste que vayan en contra de las necesidades de los trabajadores”.
Da la impresión de que el Ministro de Modernización Andrés Ibarra desconociera la situación que revisten la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del Estado: por un lado, la inestabilidad que sufren despedidos, contratados y precarizados de todo tipo. Por otro, la grave situación salarial de grandes porciones de empleados que no alcanzan los valores estimados para un salario mínimo que cubra sus necesidades.
La urgencia debería estar en llamar a la paritaria para discutir la situación de los más de 12 mil trabajadores despedidos, para regularizar la situación de miles y miles de trabajadores que año a año tienen que renovar sus contratos laborales, para eliminar los niveles de precarización que viven empleados de la mayoría de los organismos del Estado y para garantizar un salario que cubra las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Además, no sabemos cómo repercutirá esta decisión a nivel local, pero podemos prever un panorama poco alentador, dado el centralismo que vienen adoptando estas medidas. Las decisiones no son tomadas con una mirada federal, negando oportunidades a los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en las provincias.
Estado, gobiernos y empresas
Los dichos del ministro Ibarra en una entrevista para el diario La Nación, resumen una postura claramente privatizadora y con una mirada del Estado al que quieren administrar como una empresa privada. Términos como “gestión”, “servicios”, “cumplimiento de objetivos”, “premios por productividad” se repiten en su discurso.
“El problema es que hay gobernantes que se creen dueños del Estado, que lo utilizan para sus políticas de enriquecimiento como funcionarios”, explicó Godoy. "Los trabajadores de hoy ya son comprometidos y capacitados, no vamos partir de la idea de que los trabajadores somos malos y deshonestos. Por eso, todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales debe discutirse en las paritarias y nosotros trabajamos para que los derechos del trabajador sean reconocidos”, apuntó.
“El gobierno viene actuando con absoluta discriminación, echó a miles de trabajadores con sueldos de 9, 10 y 12 mil pesos e incorporó personal jerárquico con sueldos de 50, 60 mil pesos o más. Dijeron que no iban a despedir y empezamos el año con 3 mil despidos en el Ministerio de Educación. Además nos preocupa que quieran hacer un negocio con universidades privadas con la justificación de la necesaria formación de los trabajadores y, por otro lado, que después quieran establecer normas de relaciones laborales vinculadas a la 'productividad' o cualquier otro concepto por el estilo que en realidad lo que encubren son intensiones de ajuste”, concluyó el dirigente.
Desde ATE Rosario les recordamos a los funcionarios que el Estado no es de su gobierno y que los trabajadores y trabajadoras somos una parte vital del mismo. Y que a ese Estado no se lo puede manejar como una empresa, porque su principal objetivo es el de garantizar los derechos de la población, establecidos en la Constitución Nacional y eso no se logra sólo con productividad y premios y castigos. Para empezar, hay que respetar los derechos de los trabajadores, llevando la discusión a donde debe darse: en los ámbitos paritarios donde se acuerden las condiciones de trabajo y los salarios que garanticen las necesidades de los trabajadores.
