Asociación Trabajadores del Estado

Ver foto

Cerrar el manicomio no es achicar el Estado

Representamos un colectivo de trabajadores organizados en un espacio sindical (ATE), realizamos nuestras prácticas en salud mental desde una perspectiva política y clínica. Perspectiva que no separa las condiciones de trabajo de las condiciones de asistencia. Venimos de un proceso de organización histórico que nos trasciende y que además es federal. Tenemos una lectura crítica de la dinámica que adquiere el diseño de las políticas sociales y los conflictos, impasses, dificultades que se desprenden en el proceso mismo de trabajo.

Los miembros de este colectivo trabajamos en diferentes instituciones y dispositivos dependientes de la Dirección de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario.

Partimos de recuperar un trabajo anterior[1], donde ubicábamos la necesidad de abordar como problema principal el “cierre del manicomio”, para avanzar en el diseño de un modelo de atención en perspectiva de derechos que garantice condiciones dignas a los procesos de asistencia en salud mental (accesibilidad, continuidad del proceso de atención, inclusión laboral formal, política de vivienda; red de servicios intersectoriales, condiciones de trabajo).

El horizonte actual de la legislación Argentina, establece el fin de los manicomios para el año 2020 y la obligación de abrir simultáneamente instituciones público estatales para garantizar la continuidad del proceso de atención para las personas hoy internadas y acceso a la atención en salud mental para la población. Entendiendo que el manicomio es una lógica y no sólo las instituciones monovalentes de encierro.

Esto implica el desafío de diseñar un modelo de atención que prescinda del manicomio y sus prácticas.

A más de seis años de su sanción, la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones (LNSMyA) sigue sin ser implementada en sus aspectos más cruciales y necesarios. De modo disímil en cada provincia o región se han ido creando dispositivos o servicios alternativos, que no logran asistir las principales demandas en salud mental, que demuestran ausencia de planificación y desarticulación con la red de servicios del sistema de salud. Por tal motivo no han logrado impactar directamente en la lógica manicomial, ni en las transformaciones de las instituciones monovalentes, con el riesgo de institucionalización de un modelo mixto de atención, que avale la constante derivación al sector privado (instituciones fundamentalmente de encierro) de las problemáticas principales que padece la población que accede al sistema público de salud.

Durante el 2016 -cambio de gobierno mediante- el Estado nacional, vía la autoridad de aplicación, se posicionó como foco resistencial a los procesos iniciados con la Ley Nacional 26.657, afirmando formalmente cumplir con la ley, al tiempo que se invalidan los instrumentos o instancias creadas por la misma.

Algunos de los retrocesos fueron la no convocatoria al Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCH) limitando así la participación comunitaria en la toma de decisiones en políticas públicas, y a la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA), la que a su vez fue trasladada desde la Jefatura de Gabinete de Ministros a la órbita del Ministerio de Salud –primera modificación al decreto reglamentario de la LNSMyA-, con la pérdida del carácter intersectorial (Ferreira y Stolkiner, 2017). Situación que impulsó la creación del Movimiento Nacional en Defensa de la ley de Salud Mental a partir del avasallamiento que constituyó la derogación de la Resolución 1484/15, la cual se refería a la habilitación de instituciones de salud incluyendo dispositivos intermedios y establecía plazos claros para la adecuación y cierre de instituciones monovalentes y se sanciona en su lugar la Resolución 1876/16 la cual entre otras medidas regresivas avala la práctica de electroshock y recentra la disciplina médico-psiquiátrica por sobre el resto de las que componen el campo de la salud mental, tendiendo así al quiebre de la interdisciplina (CONISMA, 2016).

En este contexto de retrocesos en nuestro país y en la región se suma el decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri 908/16 acerca de la implementación de la Cobertura Universal en Salud (CUS) tendiente, a pesar de la nominación, a coartar el acceso universal a la salud.

Hoy nos vemos obligados a advertir el engaño de discursos del campo de la salud que se pretenden progresistas, universalistas pero que son los que sostienen las políticas focales, y privatistas. Es decir enmascaran un achicamiento del Estado en nombre de principios que compartimos. Por eso decimos: “Cerrar el manicomio no es achicar el Estado”.

Asistimos a una avanzada concreta de la Reforma del Sistema de Salud que se inició en los 90´ y que no se desmontó en todos estos años.

La profundización de la Reforma por medio de la implementación de la CUS, permitiría avanzar en la institucionalización de un sistema de aseguramiento que implica una lógica de “contrato” y no de “derecho”, que desconoce que la Constitución Argentina garantiza el derecho a la salud a toda la población. Esta estrategia entiende a la salud como bien de consumo, propone canasta básica de servicios o prestaciones, generando diferencia en el acceso; se profundiza así el acceso a la salud de acuerdo al ingreso, con una lógica de seguros individuales para algunas enfermedades.

Esto ya ha sucedido en los países que siguen las recetas impulsadas por los organismos de crédito (liderados por Banco Mundial y BID), así como por la OMS y OPS, que marcan la agenda de las Reformas del sector Salud en particular y del Estado en general para los países de la región.

Creemos que TODAS las agendas específicas vinculadas a la SALUD y DDHH (precarización laboral, condiciones de trabajo, salario, Salud Mental, Producción Pública de Medicamentos, Salud de Género, etc.) serán sobrepasadas y arrastradas por esta estrategia.

La encrucijada y audacia que requiere el cierre: qué abrir para que cerrar no sea restringir derechos y achicar el Estado.

Dado el avance de los procesos de Reforma en nuestro país y en la región, signada por las políticas de ajuste, achicamiento del estado, recortes presupuestarios y eliminación de políticas sociales; hablar de cierre nos plantea hoy una encrucijada. Debemos ser cautelosos cuidadosos y al mismo tiempo audaces. Hoy hablar de cierre coagula el sentido neoliberal del corrimiento del estado como garante de derechos.

Un ejemplo de nuestra ciudad para ilustrar

El Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”, uno de los tres históricos hospitales monovalentes, públicos de la provincia de Santa Fe, en los último tres años, ha ido cerrando “camas”; según datos oficiales (Diagnose en 2017) 19 plazas figuran fuera de servicio.

Este dato de reducción de camas se convierte en un analizador de la problemáticas que queremos plantear; ya que podría ser auspicioso en relación a un proceso de “transformación” de los modos de asistencia, sin embargo resulta ser un claro ejemplo de desasistencia y de “transinstitucionalización” hacia instituciones privadas con lógicas manicomiales como clínicas psiquiátricas, instituciones Geriátricas, y la persistencia de las derivaciones a la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, el otro hospital monovolante de la Provincia Santa Fe, ubicado territorialmente a 60 km de la ciudad de Rosario. (ej. En el primer semestre del 2017 se recepcionaron 150 consultas, de las cuales 101 fueron internaciones, de estas 50 eran provenientes de la ciudad de Rosario)

Las internaciones en polivalentes se realizan con mayor frecuencia, sin embargo no se ha aumentado el número de camas, ni la adecuación edilicia, ni la formación a los equipos de los efectores de los Hospitales generales, para que estos procesos se realicen en condiciones dignas. Esto redunda en que muchas situaciones no acceden a un abordaje del proceso de salud que requieren o no es posible la continuidad del proceso asistencial por la ausencia de servicios intermedios.

Si bien existen, en la ciudad de Rosario, una serie de dispositivos llamados sustitutivos (Lazarte 2015 Dir. Mental), estos no logran conformar una red de asistencia de lógica sustitutiva a lo manicomial. Son fundamentales en la constitución de una red de servicios, pero hoy son solo subsidiarios de la lógica que pretenden sustituir dada la ausencia de planificaciones, de articulaciones, es decir la ausencia de una política pública que priorice el abordaje de los padecimientos subjetivos.

No se han abierto dispositivos/efectores/centros públicos comunitarios con posibilidad de abordaje de procesos asistenciales para la población con problemáticas graves en salud mental. A su vez, el estado provincial carece de instituciones para alojar las situaciones de consumo problemático, de vulneración de derechos de niños y adolescentes, las crisis subjetivas en la infancia, o instituciones que aborden la discapacidad; situaciones que terminan siendo derivadas al manicomio o al sector privado, con convenios que amparan la derivación de los fondos públicos del estado.

La provincia de Santa Fe no cuenta con un plan provincial de salud mental. Este debería articularse en el diseño de un sistema de salud publico integral fundado en perspectiva epidemiológica, es decir que contemple cuales son los problemas más incidentes de nuestra población.

Esto produce el interrogante de cómo se planifican las políticas en salud mental, de cómo se elaboran los objetivos y directrices, o en base a qué lectura epidemiológica se conforma cada dispositivo de salud mental sin una lectura respecto a las principales demandas de atención, las problemáticas más emergentes.

Entendemos como prioritario la elaboración de proyectos y directrices que consideren las dimensiones políticas e institucionales de las problemáticas y no desatiendan las dimensiones comunitarias y clínicas de las mismas.

La producción de registros, la creación de datos epidemiológicos y la valoración de los procesos de trabajo de quienes cotidianamente sostenemos con creatividad nuestras prácticas asistenciales; podría generar una planificación de mayor eficacia, con presupuestos apropiados y acordes a las necesidades de la población; superando la sola acumulación de experiencias alternativas desprovistas de objetivos estratégicos; y permitiendo la creación de una red de salud integral que garantice el derecho a la salud con tratamientos centrados en lo comunitario.

Se hace necesario comprender que la desmanicomialización corre el riesgo de traducirse en desmantelamiento de instituciones, responsabilidades o achicamiento del Estado; si es confundida con reducción de camas en los hospitales, del número de personal hospitalario, del número de internaciones, o un aumento de altas sin estrategias territoriales que contemplen las múltiples dimensiones de las problemáticas en salud mental.

El desmantelamiento del modelo manicomial no solo implica reformas estructurales dentro del sistema de salud, sino que también requiere de una profunda transformación de otros ámbitos necesarios para la restitución o armado de la vida cotidiana en una comunidad dada. Sectores estatales ligados a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, o a la cultura; tienen por desafío la construcción de estrategias y redes que acompañen al cumplimiento de los objetivos y plazo anunciados en la Ley Nacional de Salud Mental. Se hace necesario el despliegue de una política pública intersectorial que permita la integración de los diversos sectores para generar propuestas a nivel territorial y comunitario, que aborden las problemáticas subjetivas no solo desde las lógicas del tratamiento, sino sobre todo desde las lógicas de la promoción y prevención de la salud. Construir, ampliar el Estado de modo de garantizar el acceso, las condiciones de asistencia y trabajo dignas, el real acceso al derecho esencial de la Salud.

Sostenemos como desafío: cerrar el manicomio, transformar su lógica, para abrir una perspectiva del cuidado en salud que garantice derechos y mejores condiciones de asistencia y de vida.

En ese sentido nuestro planteo más que nunca debe ser abrir, y exigir junto con otros colectivos del campo el diseño coherente e integral de una política en salud mental que sustituya el manicomio sin desasistir.

Abrir en el sentido de ampliar lo público estatal, entendiendo a la salud como un derecho social esencial y a los sistemas públicos como genuinos redistribuidores del ingreso, a favor de reducir inequidades.

Abrir en el sentido del “desarrollo de un sistema Único, Universal, integral e integrado, equitativo, calificado, eficiente y transparente de Seguridad Social y Salud pública financiado por rentas generales del Estado (...) desarrollado por trabajadores y trabajadoras sin condiciones precarizantes de trabajo y medio ambiente laboral. Implementando un plan de inversión hacia el sector, basado en la incorporación de personal, adecuación edilicia y tecnológica en los establecimientos públicos” (IDEP SALUD 2016)

Creemos que la existencia de estos encuentros que propician armar la trama de los actores claves del campo popular, del campo universitario, del campo de los derechos humanos, de los trabajadores y de la comunidad, resultan imprescindibles para la creación de herramientas colectivas que multipliquen experiencias transformadoras en el campo de la salud y generen resistencia a la avanzada neoliberal en nuestros países.

[1] “Diagnósticos y desafíos de la política de salud mental sustitutiva a lo manicomial”, publicado en Las políticas públicas en salud mental a 5 años de la sanción de la ley Nacional. Instituto de la salud Juan Lazarte.