Día Mundial de la Salud Mental
Desde el área de salud del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) y ATE Argentina plantearon su posicionamiento sobre la situación de la salud mental en el país ante la efeméride que la recuerda.
La conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental” constituye para nosotros como para diversxs compañerxs, que estamos comprometidos con los derechos humanos y la salud mental de nuestras poblaciones, una oportunidad más de visibilizar lo alcanzado pero también de continuar luchando por todo lo que resta construir en este campo. Hacemos uso de las efemérides. Pero contra-hegemónicamente, advirtiendo que es necesario que no nos impongan la historia, ni las referencias, ni sus implicancias. Invitamos a la construcción colectiva que implica entre otras cosas, definir nuestros propios acontecimientos de modo de construir memoria social y reorganizar y fortalecer nuestras redes en defensa de condiciones dignas de asistencia y trabajo en salud y en salud mental. 1
Los Usuarios de servicios de salud mental constituyen una de las minorías más oprimidas. Los problemas de salud mental representan la cuarta parte de la carga total de los padecimientos en América Latina y el Caribe. Las respuestas de los servicios siguen siendo insuficientes e inadecuadas: un porcentaje de la población no recibe asistencia, otros el encierro y la exclusión como respuesta a su padecimiento.
La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N.º 26.657 y su reglamentación plantean claramente el cierre de los manicomios para el año 2020. Entendemos que este no es un punto de partida, ya que son innumerables las luchas y experiencias previas que dieron lugar a su sanción y posterior reglamentación. Tampoco un punto de llegada, sino una importante herramienta de lucha política, conceptual y técnica en el camino de construir condiciones dignas de atención en salud mental para toda la población, así como condiciones dignas de trabajo para generar una nueva cultura de abordaje de estas problemáticas a partir del reconocimiento de su complejidad.
Disponer presupuesto de salud para abrir nuevas instituciones público estatales que se ocupen de estos padecimientos sin excluir, ni tutelar, implica más espacios de trabajo en la comunidad, para atender a quienes salen de las instituciones monovalentes y también para los que nunca han tenido acceso a los servicios de salud para sus problemáticas.
Continuamos exigiendo:
- Urgente Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 en todo el territorio nacional.
- Construcción de Planes provinciales de salud mental.
- Sustitución por dispositivos de atención comunitaria públicos y cierre definitivo de los manicomios.
- Conformación inmediata de Órganos de Revisión provinciales, instancia de monitoreo y control del cumplimiento de la legislación actual con el objeto de proteger los DDHH de los usuarios de los servicios de salud mental.
- Condiciones dignas de trabajo y asistencia.
- Garantizar el Derecho a la Salud Pública Universal y Gratuita (art. 75. inc 22 Constitución Nacional). No a la “CUS”. Obstaculización del achicamiento del estado y el empuje a la privatización de la salud.
* ATE Argentina - Idep Salud
1 Partiendo de una aclaración necesaria: las fechas y las efemérides que constituyen agenda de la OMS no coinciden con nuestra perspectiva de la historia ni con las políticas que garantizan el Derecho a la Salud de nuestras poblaciones, desde hace décadas siguen las receta de los organismos de créditos internacionales proponiendo reformas del sector salud en particular y reformas del estado en general, para todos los países de la región (Hoy concretizada en la CUS en la Argentina). La propuesta de la OMS releva cada año un “trastorno emocional” o de “conducta” proponiendo concentrar la atención mundial en su “tratamiento” y ”prevención”. Este año “la salud mental en el lugar de trabajo”, vinculada directamente con la “productividad”. Consideramos que estas propuestas abonan a una lógica de mercantilización de la salud así como a los negocios de la enfermedad a partir de concepciones estigmatizantes y segregatorias que propician la medicalización de la vida y nada tienen que ver con una política de salud comprometida con los derechos humanos. Es vital disputar sentido a los enunciados.
