Nuestro trabajo, los derechos de todos
El 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado. En un contexto signado por miles de despidos en la administración pública y con el ajuste en marcha que está sufriendo toda la población, desde la Asociación Trabajadores del Estado se lanzó la campaña “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”. En cada sector, todos los días, esa consigna se materializa en las tareas de todos y todas.
En la vida de cualquier persona, todos los días, intervienen trabajadores y trabajadoras del Estado. Desde el administrativo que atiende al público en una oficina, quienes trabajan en escuelas y hospitales, quienes atienden a los pibes de las barriadas más complicadas, los que garantizan la salud de los adultos mayores, y hasta quienes se encargan de controlar lo que comemos y de producir el armamento para la defensa del país. Todos y todas son estatales, orgullosos de ser los que mueven la rueda de la vida de toda la ciudadanía.
Sin embargo, en los últimos seis meses fueron el sector más dura y directamente atacado por los dichos y los hechos del gobierno nacional. Miles de despedidos, otros tantos con amenazas de cesantías y todos, absolutamente todos, marcados con el estigma de que los estatales son “ñoquis”. Por ello, desde la ATE se desarrolló una campaña en todo el país bajo la consigna “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”, con la intención de visibilizar las importantes tareas que cumplen los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública.
De cara a un nuevo Día del Trabajador del Estado el próximo 27 de junio, la consigna cobra fuerza para remarcar aquello que se garantiza desde el Estado pero también para poner sobre la mesa la situación laboral en la que se encuentran quienes desarrollan tareas en la administración pública. Porque no se trata de una mera festividad, sino de una fecha que sirva para visibilizar el derecho de los trabajadores a la sindicalización y a un Convenio Colectivo de Trabajo, una deuda aún pendiente en la provincia de Santa Fe y en numerosos municipios y comunas, incluido Rosario (ver editorial).
En ese marco, las voces de trabajadoras y trabajadores estatales de Rosario y la región se juntaron para llenar de contenido esa premisa y explicar qué derechos garantizan y qué necesidades atraviesan en cada sector.
Municipales sin reconocimiento
María Soledad Mancini es trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de Rosario y hace años que lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de uno de los sectores con más precarización y donde aún no se reconoce a ATE como sindicato al que puedan afiliarse quienes así lo deseen. “Nosotros sostenemos las instituciones en los barrios más vulnerados de la ciudad, generando espacios lúdicos, artísticos, deportivos, y acompañando procesos de participación de niño y niñas, jóvenes y sus familias. Desarrollamos nuestras tareas en contextos sociales adversos, abordando problemáticas sociales complejas como abuso sexual infantil, violencia de genero, gatillo fácil, conflictos delictivos, maltrato infantil, situación de calle, falta de empleo, adicciones, entre otras, y promoviendo el acceso a derechos gravemente vulnerados de las familias de los barrios”, explicó.
“Es necesario que se jerarquize nuestro trabajo, garantizando condiciones de trabajo dignas, como ser la estabilidad laboral, el trabajo en blanco y un salario que permita que vivamos dignamente. Así mismo, planteamos la necesidad de mayor presupuesto para la Secretaría, que permita garantizar personal idóneo y suficiente en los equipos, fortaleciendo de esta manera el trabajo en los barrios, desarrollando la promoción y protección de derechos que las familias con las que trabajamos hoy necesitan”, señaló.
Provinciales en defensa de las políticas públicas
En la provincia también es uno de los sectores más relegados el relacionado con la asistencia a los más desprotegidos. En los Centros de Día desarrollan tareas trabajadores y trabajadoras precarizados que igual se organizan para defender sus derechos y los de los usuarios de estos servicios estatales. Se trata de instituciones que pertenecen a la provincia, en las que intervienen distintos Ministerios: Desarrollo Social, Salud, Justicia y Derechos Humanos y también Desarrollo Social de la municipalidad. Actualmente hay tres centros de día funcionando en la ciudad de Rosario. Allí se atiende a jóvenes en situación de vulnerabilidad subjetiva y social, de entre 14 y 18 años.
“En una coyuntura social en donde los jóvenes y adolescentes son el foco de atención y también de persecuciones y pre conceptos, consideramos nuestro trabajo de fundamental importancia y necesidad. Trabajamos desde la restitución de derechos, con generar espacios de sociabilidad, con ofrecerles a los jóvenes un espacio donde poder estar, ser acompañados, ser escuchados, donde puedan hacer algún tipo de actividad”, apunta Nathaly Belardinelli, trabajadora y delegada de ese sector.
Desde el área de la educación, los Asistentes Escolares se destacan por ser de los trabajadores peor pagos de la provincia. Y son, sin embargo, quienes sostienen las tareas de asistencia más visible y estable: el mantenimiento y limpieza de las escuelas y las cocinas de los comedores escolares. Nancy Quintana, trabajadora de ese agrupamiento, lo explica claramente: “brindamos un servicio a toda la comunidad educativa. Somos trabajadores y trabajadoras que defendemos el empleo público, defendemos los derechos de toda la comunidad, de los que no tienen posibilidad de hacerlo; defendemos políticas públicas para los más vulnerables de esta sociedad, que son los niños y niñas”.
Otro sector sensible es el de salud, un derecho humano fundamental, que la mayor parte de las veces se garantiza en situaciones complicadas. “Con bajos salarios, con trabajadores precarizados, con falta de Comités de Seguridad e Higiene. El Estado no cuida a quienes somos los garantes de que las personas accedan a sus derechos de salud por medio del trabajo que realizamos”, denuncia Mónica Abregó, enfermera en el vacunatorio del Centro de Atención Primaria de la Salud “José Hernández” de la localidad de San Lorenzo.
Nacionales, el sector más golpeado
Despidos que se cuentan de a miles en todo el país, cierre de programas que dejaron a numerosos estatales sin trabajo, empleados con contratos precarios que hoy, además de impedir el goce pleno de derechos, se han vuelto sinónimo de amenaza de cesantía. Ese es el panorama general con el que tienen que lidiar los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública nacional. Pero además, algunos lugares de trabajo, fundamentales en lo que hace a los derechos del pueblo, se encuentran con situaciones particularmente difíciles.
“En todos estos años he visto pasar gestiones y directores en el PAMI. Pero con un PAMI con superávit (como no se ha visto nunca), que haya falta de política sanitaria y abandono de los Policlínicos I y II, ha llegado a límites inhumanos. Yo entiendo que eso es genocidio en una gestión”, dispara Sandra Silvetti, Pro Secretaria Administrativa de ATE Rosario y trabajadora de la obra social de los jubilados.
Para ella, la única forma de salvar al Instituto de la intentona privatista es con la pelea de los propios trabajadores. “Hoy muchos compañeros nos unimos defendiendo los policlínicos, defendiendo la salud pública y de nuestros jubilados. Decimos basta a la desidia y a la mala gestión, a los funcionarios puestos a dedo. Hoy reclamamos por el pase a planta de todos los compañeros precarizados, los médicos, los técnicos, psicólogos y trabajadoras sociales”, afirmó.
Donde también son los trabajadores los que ponen mucho de sí para sostener las tareas que se deben cumplir es en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Allí garantizan “un derecho básico de toda la población: desde la hamburguesa que te vas a comer hasta en el proceso de crecimiento de una legumbre tiene que haber un trabajador que garantice que no haya pesticidas de más, que sean saludables los insumos que llegaron hasta el final del proceso, que todo funcione correctamente para no enfermarte”, explica Víctor De Girolamo, Secretario General de la Junta Interna de esa dependencia en Rosario.
Hoy, junto a sus compañeros, está reclamando por condiciones laborales, para que el Estado les provea todo lo necesario para poder cumplir correctamente su función. Es que hasta los guardapolvos o las resmas de papel andan faltando y se las terminan proveyendo las empresas a las que tienen que supervisar. “Lo hacemos todo a pulmón. Por eso luchamos para garantizar la inocuidad de todos los sistemas alimenticios. Y el derecho que tenemos como trabajadores para realizar bien ese trabajo es parte de esto”, apuntó.
Un tema que a veces parece lejano pero que resulta fundamental para el país es la defensa. Y, casualmente, fue uno de los primeros blancos del gobierno nacional, que llevó adelante cientos de despidos en Fabricaciones Militares. Ahora, peligra la continuidad de varias fábricas que existen en distintos puntos del país, entre ellas la de Fray Luis Beltrán, donde los trabajadores están en estado de asamblea permanente (ver nota aparte). “Es muy complejo hablar de una empresa que fabrica armamento y municiones. Los principales productores de estos artículos son Estados Unidos, Francia e Israel. Si nosotros no fabricamos para nosotros mismos, tenemos que comprárselos a ellos. Y creo que el gobierno nacional está direccionado a comprárselos a ellos”, aseguró Jorge Acedo, histórico referente de ATE, actual Secretario Gremial de la seccional rosarina del gremio y trabajador del sector. “Los argentinos tenemos derecho a tener capacidad de autodefensa, no podemos dejar esto a manos de otro país, y eso tiene que ver con la producción que hacemos en la Fábrica”, concluyó.
* Equipo de Comunicación ATE Rosario
Nota publicada originalmente en Codo a Codo, el boletín de la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Rosario. Junio 2016.
