ATE Rosario rechaza la media sanción del Senado provincial a la ley de ART
El pasado 4 de julio, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley de adhesión a la ley nacional de ART, una norma que beneficia a las patronales en perjuicio de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
El 4 de julio pasado, el Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley para adherir a la ley nacional de ART, que fue modificada en febrero de 2017 por el Congreso de la Nación. Si bien fue con algunas diferencias respecto de la norma nacional y ahora resta que sea tratada por la Cámara de Diputados/as, desde ATE Rosario rechazamos esta legislación, que beneficia a las patronales en perjuicio de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
Tal como lo hizo con el Pacto Fiscal, que puso el peso del ajuste sobre las espaldas de las mayorías populares, vemos que la provincia de Santa Fe, esta vez por medio de sus órganos legislativos, se alinea con las políticas del gobierno nacional, de claro corte neoliberal y que atentan contra los derechos fundamentales de quienes vivimos de nuestro trabajo. En este caso, es un claro ataque al derecho a la salud, a la justa indemnización ante un accidente laboral y a litigar si se considera necesario.
Esta decisión se toma aún cuando existen medidas preventivas que no se aplican correcta y eficazmente, como es el caso de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene.
Desde ATE retomamos el proyecto que ya en 2012 había presentado Víctor De Gennaro, entonces diputado nacional, sobre este tema, planteando la derogación de la ley de ART por considerarla uno de los pilares de la política de los '90. “Atrás de la muerte de los compañeros está el negocio multimillonario de las aseguradoras, atrás del padecimiento de los trabajadores está la ganancia de las empresas que siguen siendo defendidas en la actualidad por los gobiernos de turno. Las 8 ART más importantes concentran el 75% de los trabajadores en blanco donde la tarifa es más importante que la vida. Es un negocio que factura $12 mil millones al año, que vive a costillas de la enfermedad y sufrimiento de los trabajadores. Todo esto con la complicidad de los gobiernos de turno y de las organizaciones sindicales que lucran o terminan lucrando con la enfermedad de los compañeros”, enfatizaba.
Por ello se planteó la derogación de la ley y un proyecto alternativo: un sistema que funcione como banco público nacional -sin fines de lucro- que otorgue garantías para auxiliar a accidentados/as y enfermos/as, y considere la justa reparación del daño a los/as trabajadores/as. Con control de los trabajadores/as y todos los actores sociales, con delegados/as de prevención elegidos por sus propios/as compañeros/as más allá del sindicato al que pertenezcan, o si se está afiliado/a o no lo está. Porque el objetivo primordial del Estado debe ser prevenir, parar la muerte y garantizar la vida. Si eso no está asegurado, no se puede pretender que seamos los trabajadores y las trabajadoras quienes dejemos de reclamar lo que nos corresponde.
* ATE Rosario
