DPJPJ: Trabajadores/as denuncian las deudas pendientes del Ministro de Justicia y DDHH
Compañeros/as de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil advirtieron que el ministro Silverstein "se va sin resolver los problemas que se vienen planteando durante años". Además cuestionaron los dichos recientes del ministro Pullaro sobre la edad de imputabilidad. El martes 22/10 a las 09:30 habrá conferencia de prensa en ATE Rosario con presencia de concejales y agrupaciones sociales.
Comunicado de los/as trabajadores/as de la DPJPJ:
Las trabajadoras y los trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil denunciamos que el Ministro de Justicia y DDHH, Ricardo Silverstein, se va sin resolver los problemas que se vienen planteando durante años.
La falta de personal y el vaciamiento de políticas alternativas al encierro en toda la dirección de justicia penal juvenil se han agravado. En las instituciones de alojamiento para jóvenes bajo órbita judicial se vulneran los derechos tanto de estos como de los/as trabajadores/as, quienes además se ven inmersos en una severa precarización laboral y con problemas permanentes para el cobro de sus haberes.
En los próximos meses finaliza la ampliación el CERPJ (Ex IRAR) agregando 16 plazas más, pasando de seis a ocho grupos convivenciales, con la misma cantidad de trabajadoras/res. Anteriormente se inauguraron dos sectores que no cuentan con los elementos necesarios para garantizar la integridad física de los jóvenes alojados, ni del personal ya que las disposiciones edilicias son un retroceso en las condiciones de habitabilidad y autonomía para los mismos.
En cuanto a la alimentación, hace más de un año se privatizó el servicio de cocina en el turno noche. Los jóvenes cenan viandas de “Catering Gourmet” de muy alto costo y muy baja calidad.
Después de dos años de alquilar una casa para alojar a las jóvenes mujeres privadas de la libertad, la DAJF sigue funcionando en un espacio para adultas sin tener resueltas cuestiones cotidianas como alimentos, salud, etc.
Durante los últimos años de “privilegio” presupuestario, las instituciones cerradas -como el ex IRAR- efectivizaron una ampliación edilicia, apostando a profundizar una política pública de encierro para los jóvenes como la única alterativa en concreto. En tanto que el Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas de Alvear, sigue sufriendo el vaciamiento y el ajuste.
Las condiciones edilicias de la delegación no se quedan atrás. Podríamos seguir enumerando institución por institución las dificultades que desde el Ministerio de Justicia y DDHH y la
Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil no se han resuelto. En este marco, el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, afirmó a diferentes medios de comunicación que “es necesario contar con herramientas que permitan al Estado actuar en función de la gravedad del delito que cometa el menor”. Entendemos que estas declaraciones, sumadas a otras que vienen desde la esfera del Gobierno Nacional, son propicias a generar un clima para recrudecer la represión y bajar la edad de imputabilidad sin aportar soluciones de fondo a la problemática.
*Trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
