El Gobierno ataca la libertad sindical
Luego de imponer el castigo de la productividad y el presentismo, luego de los despidos, la profundización de la precarización laboral y con la inflación que corroe los salarios, ahora el gobierno nacional propone un plan de persecución gremial contra los estatales.
El ataque a los trabajadores y las trabajadoras del Estado no cesa. En el marco de una situación acuciante, donde los despidos se contaron de a miles, donde la precarización laboral aumenta, en la cual los salarios vienen perdiendo contra la inflación ya más de un salario anual y donde el presentismo y la productividad avanzan como un castigo, sobre todo para las mujeres, el gobierno nacional avanza con medidas que profundizan la modificación de las relaciones laborales en detrimento de nuestros derechos.
Aunque varios funcionarios lo nieguen, sabemos que ya se están cocinando reformas previsionales, laborales y tributarias para después de las elecciones con el único objetivo de reducir lo que para ellos son costos y para nosotros los derechos que garantizan una vida digna. En ese sentido, dieron a conocer un nuevo ataque a la libertad sindical: la realización de un “mapa de la conflictividad gremial” en el Estado, estudio que encargaron a una consultora por 2,7 millones de pesos.
Gastar plata en una consultora con el objetivo de bajar costos en el empleo público, con una importante persecución gremial de por medio, es profundizar la modificación de las relaciones laborales. Lo que buscan es que los trabajadores sean cada vez más sumisos y, sobre todo, precarios. Se necesita precariedad en el empleo público para sostener esta política de ataque y estigmatización sobre los trabajadores del Estado.
Esto se inscribe en el mismo camino de la trillada lucha contra la “industria del juicio” en el ámbito laboral. Lo que quieren es avanzar sobre los Convenios Colectivos de Trabajo estimulando la conciliación individual de los conflictos laborales.
En el mismo sentido, vemos cómo se profundiza la pauperización de nuestros ingresos, con ya más de un salario perdido al año, con paritarias cerradas a la baja, en cuotas y con cláusulas mentirosas que prometían el reajuste automático ante el aumento de la inflación. Por eso desde ATE Rosario reclamamos la urgente reapertura de la paritaria, dado que lo pactado en marzo ya fue barrido fundamentalmente por el tarifazo y también por el aumento generalizado de precios. Muchos trabajadores del Estado hoy no logran siquiera un salario que sobrepase el límite que el propio INDEC establece como línea de pobreza ($14.665 a mayo de 2017) y la gran mayoría no alcanza el mínimo establecido por la Junta Interna de ATE de ese organismo: $23.000.
La lucha por el salario y la defensa de las condiciones de trabajo, que incluye a los derechos gremiales, son fundamentales hoy para que todos los trabajadores y todas las trabajadoras del Estado enfrentemos esta nueva avanzada contra nuestra clase.
* ATE Rosario
