Ningún/a trabajador/a del Estado debajo de los $55.000
Durante los cuatro años de macrismo, las trabajadoras y los trabajadores tuvimos una pérdida salarial de entre un 20 y un 40%. Gane quien gane y ante los cambios de gobierno, reafirmamos la necesidad de una recomposición de ingresos que termine con la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los salarios.
Se acerca el final de un período de cuatro años en que la crisis se desató brutalmente sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri acrecentaron los niveles de pobreza, de desempleo y de precarización laboral, con aumento de tarifas de servicios básicos y una inflación galopante que afectó principalmente a aquellos rubros que no pueden ser recortados por las clases populares: transporte, alimentos y salud.
Según datos del INDEC, la inflación 2016 fue de 33,7%; la del 2017 alcanzó 24,8%; y en 2018 fue 47,6%. En tanto, en septiembre de este año fue del 5,7% y ya hay una inflación acumulada del 37,3% y del 53,4% interanual.
En este contexto, para quienes pudieron mantener un trabajo, tanto formal como informal, la pérdida salarial nominal respecto de la inflación superó los 20 puntos, siempre según datos oficiales, golpeando duramente el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, la inflación es más dura con los sectores más postergados, ya que tomando el incremento de precios de alimentos y bienes básicos, el deterioro salarial de quienes tienen un empleo registrado pasa a ser del 40%.
Desde ATE, además, tenemos otros indicadores generales que nos ayudan a comprender mejor la situación de los y las estatales de todos los sectores. Para ello, la Junta Interna del INDEC elabora periódicamente un informe sobre pérdida salarial. Según la última actualización de ese documento, desde noviembre de 2015 a junio de 2019 la inflación acumulada fue del 226,6% y el poder adquisitivo del salario cayó un 31,8%. Eso representa, para el caso testigo de un trabajador categoría D0 del SINEP un total de $198.724.
A nivel provincial, año tras año se han cerrado paritarias estatales con porcentajes que no alcanzan a cubrir lo perdido por la inflación y menos a superar la futura. En los últimos años, esto se logró con la promesa de la cláusula gatillo, que según los números oficiales permitiría empatarle al incremento de precios. Pero, por diversas modalidades de aplicación, grandes porciones de estatales no la reciben y la mayoría, por ser porcentajes tan pequeños, en lo concreto ni siquiera la sienten en su bolsillo.
Pero hay un problema más, también grave y que aporta a la depreciación de los salarios de los y las estatales: los ingresos de base sobre los que se calculan los aumentos salariales son muy bajos, arrastran años de pérdidas y, aún con los aumentos, se mantienen bajo la línea de pobreza. Para no ser pobre, una familia debería tener ingresos superiores a los $33.000, según datos del INDEC para agosto. De esta cifra se desprende que la mayoría de las y los estatales provinciales cobran salarios miserables, ya que no llegan a los $30.000.
Esta situación no va a cambiar, al menos en lo inmediato, luego de las elecciones de este domingo 27 de octubre. Es más, probablemente haya nuevas devaluaciones y corridas del dólar que afecten con fuerza nuestros salarios y, por ende, empeoren nuestras condiciones de vida. A nivel provincial y municipal habrá cambios de signo de gobierno, pero por las declaraciones que se han difundido, no hay señales positivas para quienes vivimos de nuestro salario.
Por ello, gane quien gane y de cara a los cambios de gobierno en los distintos niveles del Estado, reafirmamos que con urgencia se debe negociar una paritaria que ponga en el centro de la discusión las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras estatales y sus familias. En principio, es imperioso exigir una recomposición salarial que eleve el piso por encima de la línea de pobreza, como mínimo, y que idealmente lleve los ingresos al básico estimado por la Junta Interna de ATE en el INDEC, que supera los $55.000. Y luego sí, deberá acordarse un incremento en base a la inflación, para que los salarios no vuelvan a perder poder adquisitivo. De lo contrario, seguirá siendo la clase trabajadora la variable de ajuste, permitiendo que los gobiernos otorguen aumentos por porcentajes que no reflejan la realidad y que sólo hacen aún más pronunciada la estrepitosa caída de nuestros salarios.
* ATE Rosario
