SENASA: custodiar la calidad de los alimentos
Ante las denuncias por la presencia de plaguicidas en frutas y verduras, Carlos Preiti, trabajador jubilado del SENASA, hace un repaso histórico sobre la formación del organismo y las reformas que le hizo el neoliberalismo. Los cambios siempre están más sujetos a negocios y ganancias, que a criterios de sanidad y seguridad alimentaria.
En 1968, durante el gobierno de facto, se crea el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), organismo asociado a la necesidad exportadora de las plantas frigoríficas y para cumplimiento de las exigencias de los países compradores. El ente incluye en su estructura un Consejo Asesor que, formado por representantes de productores (Sociedad Rural) y de industriales y empresarios de las plantas más grandes del país, cogobierna el organismo.
A partir de directivas del SENASA se establecieron normas para frigoríficos exportadores con estándares de calidad y seguridad sanitaria ausente en los frigoríficos que producen para el mercado interno y mataderos municipales.
Con el tiempo y ante la necesidad de competencia por el mercado interno, los frigoríficos exportadores, exigieron la adecuación a las normas sanitarias de los de consumo interno, cuyas estructuras distaban mucho de ser las adecuadas.
Así comienza la habilitación y ajuste a exigencias del SENASA de los frigoríficos llamados de Ciclo II (de consumo interno) en las ciudades más importantes. Para garantizar el seguimiento en la producción de las distintas especies (transporte, faena, transformación, almacenamiento de las mismas), se deben habilitar los camiones tanto de animales como de insumos o productos elaborados, lo cual era imprescindible para poder ingresar a las plantas, depósitos, fábricas de alimentos y todo establecimiento que requiriera habilitación del SENASA. Esto trajo un raro beneficio colateral para la población: mayor seguridad en los alimentos, algo que no estaba planificado en los fines más bien comerciales con los que fue pensado el organismo.
La necesidad de crecimiento en la producción y complejidades emergentes obligaban al aumento del personal técnico del organismo, tanto para la fiscalización y control como para los aspectos técnicos administrativos.
De esta forma, el SENASA se fue estructurando en todo el país, en barreras sanitarias, seguimiento en campo, laboratorio, vacunas. En definitiva, prevención e intervención con fiscalización y control en todos los aspectos de la producción y crecía en formación de técnicos y controles sanitarios. Era y debería seguir siendo el organismo con poder federal de policía sanitaria.
Los técnicos del SENASA cumplían un horario de 6 horas diarias por seguridad, dado el contacto permanente con patologías animales y su intervención para el aseguramiento de su destrucción de los alimentos o productos con riesgos para la salud pública.
En la década del noventa, por decreto 1585, se determinó la fusión del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), para constituir dentro de un plan de reforma y modernización del Estado, el actual SENASA, un organismo descentralizado y con un Consejo de Administración con diez vocales que representan a las entidades de productores y a la industria vigilando sus intereses.
La fusión en lo operativo nunca se realizó, sino que se compartió el edificio pero las funciones continuaron como antes sólo que con menos personal técnico. Sí se cumplió con exigencias del FMI sobre achicar el Estado y el régimen laboral se amplió a 8 horas diarias, se tercerizaron laboratorios de análisis de productos y el desarrollo de vacunas anti aftosa, entre muchos otros cambios.
La demanda de las distintas funciones ante el incremento de producción y transformaciones tecnológicas de las plantas exportadoras evidenció la falta de personal en el SENASA. Se fueron creando figuras como el veterinario de registro, contratados por los frigoríficos de consumo interno, y completando en las plantas exportadoras el personal en playas de faena los días de auditorías extranjeras con operarios del frigorífico. Se reemplazó a los inspectores por declaraciones juradas por parte de las empresas, que dicen cumplir con aspectos sanitarios sobre la calidad, procedencia y manufactura de productos, corriendo al Estado a través de sus organismos de los controles efectivos obligatorios.
Hoy el gobierno continúa delegando aspectos centrales que hacen a la salud pública y a la defensa y protección de la producción nacional de alimentos, en medio de una transformación masiva en los procesos de producción y transformación de los alimentos con aditivos, medicamentos y productos químicos en general.
Esta política de ajuste, con ausencia de controles, delegación de funciones a terceros, pérdida de formación, función y operación de los cuadros técnicos de por si escasos a la hora de cubrir aquellas tareas, profundiza los distintos estándares de calidad y sanidad en el territorio nacional, sujeto sólo a la posibilidad de pagar más para estar más seguros y dejando a amplísimos sectores librados a sus posibilidades y suerte. También se abandonó la responsabilidad de ser garantía como Estado en las exportaciones, como por ejemplo hoy el retiro de los controles en subproductos granarios que se exportan.
Estos cambios, sin la presencia de un Estado que regule, están más sujetos siempre a negocios y ganancias, que a criterios de sanidad y seguridad alimentaria.
Hay más para decir en los complejos y centrales objetivos que son de incumbencia del SENASA, organismo central para la aplicación del Código Alimentario Argentino, pero las serias comprobaciones y denuncias sobre plaguicidas en frutas y verduras (a las que se podrían incluir antibióticos, anabólicos y antiparasitarios sistémicos en carnes, entre muchos otros controles), transforma en causa penal el abandono y achicamiento de funciones que el gobierno hace de un Estado que no es custodio de la calidad y sanidad de los alimentos que consumimos los argentinos.
* Carlos Preiti, trabajador jubilado del SENASA, durante 12 años responsable técnico de la ex Unidad de Gestión Ambiental, Regional Santa Fe. Integrante del grupo de Bienes Comunes de la CTA-A y de ATE Rosario.
